Malos tiempos para los juegos hentai

El pasado mayo de este año la industria japonesa de los eroge (erotic game, lo que popularmente se conoce como videojuegos hentai) saltó a la palestra cuando grupos feministas occidentales condenaron la venta (de importación, ya que no está editado en occidente) de Rapelay, un videojuego que consistía en simular violaciones, en Amazon. La presión llegó hasta tal punto que Amazon retiró la venta del juego en todas sus páginas web.
Estas circunstancias se han visto unidas a las demandas de un grupo feminista de EEUU, pero de ámbito internacional, llamado Equality Now que exigía la total prohibición de este videojuego argumentando que es dañino para la sociedad y que atenta contra las mujeres al promover la violación y la violencia sexual.

Como consecuencia del revuelo que ha supuesto la campaña de presión contra el videojuego Rapelay en occidente y de la campaña de ruido mediatico que comenzó Equality Now más tarde en Japón, se consiguió la prohibición total de vender el videojuego.

También se anunció que el “Ethics Organization of Computer Software” organismo que se encarga de otorgar las calificaciones por edad de los videojuegos eróticos y que funciona como órgano regulador, decidió terminar completamente con la venta de títulos que contuvieran violaciones y violencia sexual. Posteriormente, este mismo organismo también consideró no aceptable la venta de videojuego que contuvieran una serie de fetiches como prostitución, adulterio, entornos escolares, acoso en el tren, esclavismo, mujeres embarazadas, sadomasoquismo o bestialismo entre muchos otros.

Esta prohibición resultó ser una invención del canal de televisión TBS, aunque finalmente la EOCS ha impuesto esta prohibición a sus miembros, que parecen haberlo aceptado sin grandes protestas. De todos modos esta censura se podría considerar voluntaria ya que aunque el “Ethics Organization of Computer Software” agrupa a más de 200 empresas, no es obligatorio pertenecer él.

Igualmente, parece posible que finalmente se imponga algún tipo de prohibición legal oficial ya que varios grupos políticos entre los que se encuentran tanto el partido gobernante (LPD) y la oposición (DPJ) están de acuerdo en que este tipo de videojuegos tienen un efecto pernicioso. Además también se está pidiendo el cierre de webs consideradas “dañinas” con contenidos como los anteriormente descritos y que compartir este tipo de contenidos sea considerado un delito.